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María del Mar Quijada: «La interpretación judicial de calidad es un derecho fundamental de los ciudadanos»

entrevista maría del mar quijada

En esta ocasión, hemos conversado con María del Mar Quijada Cuevas, presidenta de la APTIJ, asociación que reúne a los profesionales de la traducción e interpretación que actúan en los tribunales de España. Esta asociación, en la que María del Mar ha formado parte en la junta directiva prácticamente desde el principio, presentó hace más de un año una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando que se realice un estudio sobre la prestación actual del servicio por parte de las empresas adjudicatarias de servicios de traducción e interpretación en sede judicial y policial con la intención de que se corroboren las graves deficiencias y se presenten soluciones. En el momento de la queja, los medios de comunicación hicieron saltar la alarma y mostraron qué ocurre en un juicio cuando el intérprete no tiene los conocimientos necesarios para poder hacer correctamente su trabajo.

Sin embargo, a día de hoy, la APTIJ aún espera una resolución de dicha queja. La albaceteña, que se dedica a este sector con tanta vocación que en cuarto de carrera «el Derecho le pareció poesía», nos ofrece una radiografía de la situación del intérprete y en España, coincidiendo con el décimo aniversario de la APTIJ.

 

Para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente en qué consiste y qué funciones tiene la APTIJ?

La APTIJ es una asociación que aglutina a profesionales de la traducción y la interpretación judicial, policial y jurada. En ella no hay capítulo ni sección especial para estudiantes porque desde un principio se concibió como asociación dirigida a profesionales. Para acceder, existen unos requisitos de entrada, que son, para las distintas especialidades de socios, los siguientes:

  • Pertenecer a la plantilla de los traductores e intérpretes de las Administraciones Públicas en los ámbitos judicial o policial.
  • Actuar como traductor o intérprete en los ámbitos judicial o policial, por cuenta propia o ajena, a través de una empresa adjudicataria del servicio.
  • Poseer el nombramiento de Traductor-Intérprete Jurado y estar en activo como tal.
  • Desarrollar una carrera docente o investigadora en el campo de la traducción o interpretación jurídica o jurada.

Su principal función es la de contribuir a dignificar y profesionalizar la actividad de los traductores e intérpretes que intervienen en sede judicial o policial, así como la de los traductores-intérpretes jurados; también tenemos entre nuestros objetivos el de proponer y consolidar criterios de ética profesional y el de dar a conocer la figura del traductor-intérprete judicial y la del traductor-intérprete jurado.

Hace más de un año, desde la asociación interpusisteis una queja ante el Defensor del Pueblo respecto a los servicios de traducción e interpretación en sede judicial y policial. ¿Podrías recordar a nuestros lectores en qué consistía exactamente y su contexto?

El 22 de julio de 2016, la APTIJ presentó, ante el Defensor del Pueblo, una queja que contó con el respaldo de 14 asociaciones de traductores, intérpretes y correctores de la Red Vértice, 25 universidades españolas que imparten estudios de Traducción e Interpretación pertenecientes a la CCDUTI (Comisión de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación), la FILSE (Federación Española de Intérpretes de Lenguas de Signos y de Guías-Intérpretes), EULITA (Asociación Europea de traductores e intérpretes jurídicos), la FIT (Federación Internacional de Traductores) y la NAJIT (Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Jurídicos de Estados Unidos).

En dicha queja, la APTIJ solicita que se realice «un estudio sobre la prestación actual del servicio por parte de las empresas adjudicatarias y que, en caso de corroborar las graves deficiencias de las que esta asociación tiene constancia desde hace ya bastante tiempo, se tomen las medidas oportunas para que quien sea responsable de garantizar la tutela judicial efectiva ponga en marcha un sistema con mayores garantías que asegure unos niveles mínimos de calidad y seguridad jurídica en este servicio público que el Estado debería prestar adecuadamente al ciudadano». Para apoyar esta queja, la APTIJ presentó un total de seis anexos que suman alrededor de 300 páginas en total.

Después de todo este tiempo, ¿en qué punto se encuentra dicha queja? ¿Qué respuesta se ha obtenido a día de hoy?

Esa queja sigue en fase de tramitación. Durante todo este año, la APTIJ no ha dejado de adjuntar al expediente documentación pertinente, como informes, sentencias o noticias aparecidas en la prensa, y la Oficina del Defensor del Pueblo ha contestado a la APTIJ de forma continua, informando en cada momento sobre el estado de la queja. Esa Oficina se ha puesto en contacto tanto con el Ministerio de Justicia como con el Ministerio del Interior para recabar información sobre los aspectos denunciados por nuestra queja y se encarga de analizar sus respuestas, así como los argumentos que utilizamos nosotros para desmentir lo que alegan ambos ministerios. Por todo el interés mostrado en la causa, agradecemos enormemente a la Oficina del Defensor del Pueblo todas las actuaciones que está llevando a cabo para llegar al fondo de esta cuestión.

En todo este tiempo, lo ideal sería que se recogieran por escrito todas las quejas sobre la mala calidad de interpretaciones, que sabemos que se dan. Ello aportaría mucho peso a la queja presentada por la APTIJ ante el Defensor del Pueblo, pero muchos de los incidentes se resuelven por teléfono, con lo cual no queda constancia en ninguna parte, o se zanjan con la designación de un nuevo intérprete, sin consecuencias para las empresas.

Entiendo que los juicios se encuentran en la misma situación que estos meses atrás, ¿cuánto tiempo más se puede demorar esta queja? ¿Cómo es posible que se dé esta situación?

Así es. Además, recientemente se han presentado los resultados de un importante proyecto de investigación,

llevado a cabo por el grupo MIRAS de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que se ha podido comprobar que se interpreta, de media, un 46 % de todo lo que acontece en los juicios analizados, y que hay incluso intérpretes que se inventan lo que dicen los acusados en el juicio.

Suponemos que el Defensor del Pueblo es un organismo que recibe múltiples quejas, con la consiguiente carga de trabajo, y que tendrán establecido un sistema de prioridades, pero nuestra queja en ningún caso se ha archivado y continúa viva desde su inicio.

El Ministerio de Justicia prometió la creación de un registro de traductores judiciales oficiales, ¿cuál es la situación de dicho registro?

Efectivamente, está previsto y así ha quedado recogido por escrito en la disposición final primera de la Ley 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE y la Directiva 2012/13/UE.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha cumplido el plazo de un año establecido y según consta a la APTIJ parece que su intención es publicar ese proyecto de ley a lo largo de 2018.

Un grupo de expertos formado por representantes de la Red Vértice (entre los que se encuentra la APTIJ) y de la CCDUTI se ha puesto a disposición del gabinete encargado de promover ese texto legal para ofrecer su asesoramiento en todo lo necesario, con lo cual esperamos poder contribuir en la medida de lo posible a que se introduzcan todos los elementos necesarios para garantizar que las traducciones e interpretaciones sean de calidad, realizadas por profesionales cualificados.

¿Cuáles son los riesgos que existen al contar con un traductor no capacitado en un juicio?

El principal riesgo es que si la interpretación judicial no cuenta con la calidad necesaria, se vulnera el derecho de defensa en el caso de los acusados o investigados inmersos en un procedimiento penal. La constatación de una interpretación deficiente podría —y debería— suponer la nulidad de actuaciones, con el gran perjuicio que ello conlleva sobre todo el sistema judicial.

El derecho a interpretación en los procesos penales está amparado por la Directiva 2010/64/UE, que ha sido, a nuestro juicio, parcialmente transpuesta a la legislación española. La directiva establece no solamente que se tiene derecho a ser asistido por un intérprete, sino que esa interpretación tiene que ser de una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso. Sin embargo, la legislación española no ha introducido ningún mecanismo para garantizar o supervisar esa calidad.

¿Qué formación debe tener un intérprete judicial?

Un intérprete judicial debe dominar sus idiomas de trabajo y también debe tener conocimientos de las culturas de los países entre los que se tiende el puente de la interpretación. De igual manera, debe manejar con soltura las diferentes técnicas de interpretación. Además, puesto que la interpretación tiene lugar en sede judicial, es necesario contar con conocimientos jurídicos específicos, tanto del sistema español como del de los países en los que se hablan sus lenguas de trabajo. La interpretación judicial es especialmente compleja porque a menudo no existen equivalencias entre las figuras jurídicas ni entre los procedimientos en sí, por lo que el intérprete debe poder ser capaz de facilitar la comunicación entre los intervinientes en un procedimiento de forma adecuada.

Por otro lado, también es necesario que el intérprete judicial esté sujeto a normas básicas de deontología profesional, como el respeto de la fidelidad e integridad del discurso, la imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses o el deber de confidencialidad.

¿Existe actualmente alguna norma internacional que establezca buenas prácticas o procedimientos para la traducción/interpretación jurídica?

Hay protocolos en muchos países y EULITA, por ejemplo, tiene su propio código deontológico, al igual que la APTIJ.

Además, se está trabajando en una norma de interpretación jurídica, la ISO/DIS 20228 Legal Interpreting en el seno de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El proyecto está coordinado por la anterior presidenta de EULITA y miembros de la APTIJ se encuentran entre los expertos nacionales designados para esa norma por parte del Comité Técnico de Normalización «Servicios de traducción e interpretación» de AENOR.

Por otro lado, en abril de 2012 y con el impulso de la entonces presidenta de la APTIJ, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprobaba unas prevenciones matizadas para mejorar la traducción y la interpretación en procedimientos judiciales, que se pueden consultar en nuestra web y también en la web del Consejo General del Poder Judicial, y que recogen aspectos tan importantes como que los intérpretes deben ser previamente informados del contenido de los actos procesales en los que se va a necesitar su intervención o que si el acto procesal se prolonga en exceso deberá relevarse el intérprete inicial por otro, siempre que fuera posible.

¿Cuál es la situación laboral de los traductores e intérpretes judiciales? ¿Qué cambios y mejoras se deberían conseguir?

En primer lugar, es necesario distinguir entre los traductores e intérpretes en plantilla y los que trabajan a través de las empresas adjudicatarias del servicio.

Dentro de los traductores en plantilla, también hay que distinguir entre los que trabajan para las comunidades autónomas con competencias en la materia, como es el caso de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía, por ejemplo; y los que trabajan para las comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia, como Castilla-La Mancha, Murcia o Castilla y León (también dependen del Ministerio de Justicia la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo). Los intérpretes en plantilla que actúan en estos territorios no transferidos tienen un contrato de trabajo con el Ministerio de Justicia y ocupan plazas de personal laboral (un tipo de empleado público). La mayoría de ellos ha accedido por oposición, aunque en algunos casos son interinos, y se les encuadra en la categoría de Técnicos Superiores de Gestión y Servicios Comunes, dentro del grupo profesional 3 (titulación requerida: bachillerato o equivalente). Los que trabajan para las distintas comunidades autónomas con competencias transferidas tienen diferentes encuadramientos profesionales: por ejemplo, en la Comunidad de Madrid son titulados universitarios superiores; en Andalucía pertenecen al grupo 2 (titulación requerida: diplomatura universitaria o equivalente), etc. Sin embargo, con independencia de la titulación de acceso, en la mayoría de casos se trata de personas que cuentan con estudios universitarios superiores, que es lo que la profesión requiere.

En cuanto a los intérpretes que trabajan a través de las empresas adjudicatarias del servicio, en muchos casos son autónomos, aunque algunos de ellos pertenecen a las plantillas de estas empresas. En estos casos, la situación laboral de ellos varía considerablemente, si bien ha habido un par de demandas contra estas empresas por irregularidades en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los intérpretes que, hasta la fecha, han recibido sentencias a favor de los trabajadores y en contra de las empresas, lo cual es muy indicativo de la situación en la que se encuentran los intérpretes freelance.

Según consta a la APTIJ, las tarifas por hora de interpretación que estas empresas pagan a sus intérpretes freelance oscilan entre los 8 y los 12 euros la hora. Según la documentación pública en el marco de las licitaciones públicas que la APTIJ ha tenido ocasión de evaluar, aunque el Ministerio de Justicia esté dispuesto a pagar hasta un máximo de 60 euros, las empresas, en su pugna por obtener los contratos, ofrecen tarifas de entre 20 y 25 euros la hora de interpretación presencial.

Por otra parte, según los requisitos de los pliegos de prescripciones técnicas de los procesos de licitación, los intérpretes deben cumplir con una serie de condiciones como estar en posesión de una titulación universitaria superior. Las empresas presentan listados de intérpretes titulados pero después nadie comprueba que son esas personas las que actúan como intérpretes en los órganos judiciales. De hecho, tenemos constancia de que en muchos casos no es así.

Por ello, nos gustaría aprovechar esta ocasión para señalar que este sistema se sostiene gracias a los intérpretes freelance que sí reúnen los requisitos de formación.

En cuanto a las posibles mejoras, la APTIJ defiende la gestión pública de este servicio, mediante la implantación de medidas tendentes a asegurar la calidad de los servicios prestados, tales como una prueba de acceso. No entendemos ni apoyamos que un servicio como este, que se ocupa de proteger derechos fundamentales de las personas, esté subcontratado a empresas con ánimo de lucro.

Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con la ausencia de medidas de supervisión del servicio prestado por estas empresas, ni tampoco de los traductores o intérpretes que estas envían. Esa supervisión correspondería al Ministerio de Justicia.

Volviendo a la APTIJ, este año cumplís vuestro décimo aniversario. ¿Qué actividades tenéis preparadas y no nos deberíamos perder?

Tenemos programadas dos actividades muy especiales:

–  Una Jornada sobre traducción e interpretación judicial, policial y jurada, que se celebrará el 3 de noviembre en la Representación de la Comisión Europea en España (Madrid). En ella contaremos con especialistas de diversos campos relacionados con la traducción e interpretación judicial, policial y jurada, los cuales aportarán su visión particular sobre el estado en que se encuentra nuestra profesión y las posibles soluciones a las deficiencias actuales en la prestación y gestión del servicio.

– Un taller de interpretación titulado «La era del intérprete digital: introducción a la interpretación a distancia y al uso de tabletas y bolígrafos inteligentes», que impartirá D.ª Esther Navarro-Hall, presidenta saliente de la NAJIT y docente del Middlebury Institute of International Studies de Monterrey (California), que tendrá lugar el 4 de noviembre en el hotel NH Zurbano (Madrid).

Además, para celebrar un momento tan especial, nuestra asamblea general ordinaria para socios estará abierta a todo aquel público interesado en conocer de primera mano las actividades que estamos llevando a cabo para la defensa de nuestra profesión. Dicho evento tendrá lugar el sábado 4 por la tarde. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre pero para acogerse a un precio especial en las actividades de pago hay que hacerlo antes del 30 de septiembre. Toda la información está disponible en la página web de la APTIJ.

 

( Cartel del congreso por el X aniversario de la ATPJ)

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